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El Impacto de la Reforma Procesal Penal en la Seguridad Ciudadana en PDF – Descarga Gratuita

EL IMPACTO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Introducción.- La mayoría de la población tenemos de conocimiento que la inseguridad ciudadana es un problema crecientemente importante en América Latina. De un lado, objetivamente, los índices delictivos han subido; de ello no solo da fe el mayor número de denuncias sino, sobre todo, las encuestas de victimización que indagan por el número de delitos del que un grupo familiar ha sido víctima en los últimos doce meses. De otro lado, la percepción de inseguridad ha crecido aún más, según indican los sondeos de opinión. A esto probablemente contribuyen, además del fenómeno real en sí, la forma en la que los medios de comunicación se ocupan de él, «explotándolo» al máximo, y los términos de la lucha política, que en muchos países se ceba en el tema y lo utiliza como un tópico que toca fibras sensibles del ciudadano y, al convocar la alarma social, puede ser rendidor para gobierno u oposición, según sea el caso.
Los promotores de la reforma procesal penal (RPP), iniciada en la región durante los años noventa, también recurrieron al tópico de la inseguridad ciudadana, dentro del proceso de marketing de la reforma. La propuesta de nuevo modelo de enjuiciamiento —que modifica sustancialmente el papel de los actores del proceso y le confiere el lugar protagónico al fiscal— ha prometido una lucha más eficaz en contra del delito, como una de las consecuencias derivables del cambio de sistema de persecución.
En realidad, el asunto es más complejo. Delincuencia y persecución penal se relacionan de un modo menos directo del que se ha sugerido simplistamente tanto por los políticos como por los promotores de la reforma procesal penal. En rigor, el incremento de la delincuencia y las mutaciones de las formas adoptadas por esta guardan relación con fenómenos sociales de envergadura mayor. Basta mirar la correlación entre niveles delictivos y desempleo, casi en cualquier país del mundo, para percibir las raíces sociales de la delincuencia.
El primero, que ocupaba la mayor parte del escenario procesal en el sistema inquisitivo, restringe su tarea, en el acusatorio, a una vigilancia garantista durante la investigación y a la decisión acerca de si se ha probado, a través del juicio oral, el delito y la responsabilidad del acusado. En cambio, el fiscal —que tenía asignado un carácter de segundo plano en el proceso inquisitivo— adquiere en el nuevo proceso un papel central en el que asume las siguientes funciones:
tiene a su cargo la investigación del hecho delictivo;
usualmente, detenta el monopolio de la acción penal; esto es, solo él puede llevar un hecho delictivo ante el juez —salvo en aquellos casos donde el interés de la víctima cobra preponderancia—, lo cual permite la apertura de un proceso; y
ostenta facultades suficientes para eliminar de la vía procedimental aquellos casos que, por una u otra razón legalmente prevista, pero que el fiscal aplica discrecionalmente, no ofrecen elementos bastantes para ser sometidos a juicio.
1.- ¿Lo que no se Persigue?.- El examen de los datos sugiere que lo primero que ocurre como resultado de la reforma procesal penal es que el sistema se sincera y admite que la mayor parte de delitos cometidos y denunciados3 no son perseguidos. Si se miran los datos de los cuadros 1 y 2, se observa que en Chile y Costa Rica solo una parte menor de casos son resueltos judicialmente. Esto es, la mayoría terminan en sus ministerios públicos (MP).
En el caso chileno, cuyas cifras el cuadro 1 presenta acumuladas desde la instauración del nuevo sistema procesal penal hasta finalizar 2008, por cada caso que concluyó ante un juez hubo dos que se cerraron en el MP. En el caso costarricense, donde las cifras pueden seguirse anualmente, la proporción de casos con desembocadura judicial es mínima: un caso concluyó ante el juez por cada veintiséis que se cerraron en el MP, durante el período de nueve años que la estadística recoge.
¿Qué ocurre con esa mayoría de casos que, en ambos países, concluyen en el Ministerio Público sin arribar al conocimiento de un juez?.- La respuesta, para el caso chileno, se halla en el cuadro 3, donde se desagregan las razones por las que esa mayoría de casos ingresados (62,7% del total) concluyeron en el MP.
2.- ¿qué se persigue?.- El segundo punto de importancia es con qué criterio se decide perseguir ciertos casos, que es otra manera de preguntar con qué criterio se decide descartar los demás. Según insiste la doctrina jurídica que sustenta y respalda el proceso acusatorio, se persiguen aquellos delitos que causan mayor daño social. En una visión clásica, esto se traduce en delitos como el homicidio, la violación, etcétera. En una visión más actual el principio se ejemplifica con los delitos contra el patrimonio público, contra el medio ambiente, etcétera. Se supone que cada ministerio público debe tener una política de persecución penal que plasme aquello que se considera socialmente más dañoso y guíe así la acción persecutoria de los fiscales.
En Chile, en Costa Rica y en Ecuador —como en los otros once países latinoamericanos que han adoptado el sistema acusatorio— no hay una política de persecución penal. Esto es, no hay una definición de aquellos tipos penales o formas delictivas que, debido al perjuicio que causan a la colectividad, ameritan que en ellos se concentre la actuación y los recursos de la persecución penal. En los hechos, y en ausencia de tal definición, la decisión acerca de qué casos deben perseguirse queda en manos del fiscal en cuya figura recae el caso o depende de los criterios que aplique su jefe inmediato, tenga este a su cargo una zona territorial determinada o un área temática definida.
3.- El Desafío de la Habitualidad.- Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, el examen del funcionamiento del proceso penal reformado lleva a atender el asunto del tratamiento dispensado a la delincuencia habitual, esto es, a las personas que han hecho del delito un modo de vida. En esa definición, ciertamente, quedan comprendidos desde los señores del narcotráfico hasta el ladrón de autopartes. Es importante distinguir un caso de otro. Sin embargo, ambos tienen en común tanto la habitualidad como el ser parte de redes de delito organizado; varía, sin duda, el daño social que uno y otro causan, pero, desde el punto de vista del Derecho penal, ambos se diferencian marcadamente de aquella persona que, puesta en determinadas circunstancias, incurre en un delito que acaso sea el único que cometa en su vida. Para indagar objetivamente por el fenómeno de la habitualidad delictiva, se logró obtener en Chile y en Costa Rica un indicador numérico que nos aproxima a aquel: determinación cuantitativa del universo de personas que han tenido un alto número de contactos con el sistema penal. Los cuadros 8, 9 y 10 recogen esta información.
5.- Conclusión.- La falta de criterios definidos para llevar adelante la persecución penal conduce tanto a la arbitrariedad como a ciertos grados de impunidad. La delincuencia habitual requiere una respuesta del sistema penal que, paradójicamente, la reforma parece haber escamoteado. Algunos otros puntos del sistema penal reformado podrían ser examinados con provecho. Por ejemplo, el hecho de que a menudo la ejecución de las penas alternativas —que reemplazan a la privación de libertad— no está sujeta a control alguno: no hay autoridad a cargo de vigilar el cumplimiento de esas penas y, en consecuencia, en la práctica no son tales.
Lo esencial, desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, es que, en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, de un lado, el archivamiento de casos sin investigación y, de otro, la aplicación de principio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, pena remitida o multas que no se cobran producen cierto grado considerable de impunidad. Esta constatación, en la medida en que se hace pública, está generando una reacción social contraria al sistema reformado y explica los intentos —en el caso de Chile exitosos y en el caso ecuatoriano numerosos— destinados a modificar la arquitectura de códigos procesal penales que, con la promesa de combatir la delincuencia, empezaron a regir hace apenas unos cuantos años.
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